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La reforma de la Ley General Tributaria estará lista en mayo

12/11/2014

El ritmo más lento en la tramitación de esta norma, que contempla la creación de las polémicas listas de morosos, se debe a que existe una menor urgencia en su entrada en vigor, según Hacienda.

La reforma de la Ley General Tributaria, un texto que introduce cuestiones polémicas como la publicación de una lista de los morosos que mantienen una deuda con Hacienda superior al millón de euros, podría aprobarse entre los meses de abril y mayo de 2015, según el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Así lo anunció ayer el director general de Tributos, Diego Martín-Abril y Calvo, justificando el ritmo más lento en la tramitación de esta reforma en que la urgencia de su entrada en vigor es menor que la de los otros tres proyectos de ley que introducen una rebaja generalizada de la fiscalidad para ciudadanos y empresas, que, previsiblemente, quedarán aprobados a finales de este mes.

La fecha de la aprobación de la reforma de la Ley General Tributaria arroja ahora algo de luz en una cuestión que en los últimos tiempos plantea dudas, ya que son muchas las voces que vienen prediciendo que el texto no saldría ya adelante en esta legislatura.

Según explicó el director general en una ponencia del Foro Asesores de Wolters Kluwer, celebrado ayer en Madrid, los plazos en la aprobación de la Ley General Tributaria son otros y el proceso está siendo más lento porque, entre otras razones, requiere superar los preceptivos trámites de informe ante la Agencia Española de Protección de Datos o el Consejo General del Poder Judicial.

Precisamente, este último informe se conoció hace unas semanas y, en él, el órgano de gobierno de los jueces rechazaba buena parte de las novedades introducidas. Entre ellas, cuestionaba el encaje de la creación de una lista de morosos con la Agencia Tributaria en la legislación sobre protección de datos, en la doctrina constitucional y en la comunitaria.

Reforma fiscal

La mayor parte de la intervención de Martín-Abril se centró en la reforma fiscal más inminente, la que está previsto que entre ya en vigor en enero de 2015 y cuyos proyectos de ley previsiblemente aprobará hoy el Senado.

El director general de Tributos recordó que, según los estudios más conservadores del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la reforma fiscal supondrá un incremento del 0,55% del PIB, con un coste fiscal de 9.000 millones de euros en las dos fases de la reforma de 2015 y 2016.

Tal y como explicó, entre los principales objetivos que han guiado esta reforma está el crecimiento económico, el fomento del ahorro, los incentivos a la familia, la neutralidad fiscal, la competitividad, la lucha contra el fraude y, sobre todo, el dotar al modelo tributario de nuestro país de una mayor estabilidad y seguridad jurídica.También aludió durante su intervención a los efectos de la reforma para diversos colectivos, entre ellos las pequeñas y medianas empresas. En este sentido, justificó la razón por la que el tipo nominal de las pymes no se reducirá, como sí sucede con las grandes empresas, sino que Hacienda apuesta por establecer un tipo único. Según explicó, elevar los impuestos a las empresas según vayan aumentando su tamaño supone una «barrera al crecimiento».

No obstante, recordó que el resto de incentivos para pymes se mantienen y se añaden nuevos.

Por otro lado, Martín-Abril justificó el hecho de que la reforma no aborde cambios en lo relativo a los impuestos cedidos a las comunidades autónomas porque, según explicó, no sería posible hacerlo sin una reforma más amplia que implicaría abordar cuestiones como la financiación autonómica.

Finalmente, incidió en el hecho de que esta reforma que pronto entrará en vigor se ha tramitado con unos plazos razonables que han permitido al Ministerio de Hacienda escuchar a los diferentes interlocutores. Prueba de ello, aseguró, es que se han ido introduciendo numerosos cambios respecto al texto inicial.

Recursos de los tribunales

El director general de Tributos fue presentado por el presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), Eduardo Luque, que pidió más medios en los tribunales.

En este sentido, hizo una crítica al funcionamiento de la Justicia, lamentando que haya procesos que se puedan extender hasta 12 y 14 años hasta obtener una respuesta judicial.

Reclamó la necesidad de llevar a cabo una gran reforma y fomentar una mayor dotación de medios para que los procedimientos judiciales en los tribunales que abordan cuestiones tributarias no se eternicen y se pueda atender el volumen de asuntos que a ellos llega.

Además, en un breve repaso sobre las novedades fiscales, lamentó que algunos de los aspectos más interesantes de la reforma están pasando más desapercibidos para la opinión pública, como es el caso de cuestiones más de fondo, como, por ejemplo, la supresión de los coeficientes de inflación.

Fuente: Expansion 

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